Cerca de 170.000 autónomos tendrán que devolver las ayudas ligadas al Covid
- El 10% de las solicitudes por cese de actividad extraordinario no cumplían los requisitos para acceder a la prestación
- Fuentes de las asociaciones critican el asesoramiento recibido para pedir la prestación
La incertidumbre sobre cuál será el número definitivo de autónomos que tendrán que devolver las ayudas públicas que recibieron, en los momentos álgidos de la pandemia del Covid, comienza a disiparse. Fuentes consultadas por elEconomista.es, directamente conocedoras de la gestión de estas devoluciones (que implica a la Seguridad Social, mutuas, autonomías y asociaciones profesionales), aseguran que el cómputo definitivo rondará los 170.000 trabajadores por cuenta propia, el 10% de los que solicitaron este auxilio.
Hasta el momento, las únicas cifras seguras se resumían en que 1,7 millones de autónomos se acogieron a las ayudas extraordinarias por cese de actividad. De estos, el Tribunal de Cuentas apuntó en diciembre que unas 330.000 personas serían requeridas para subsanar la situación, lo que no implicaba que a todos se les pidiera un reembolso.
Ahora, desde la asociación de autónomos Upta, revelan a este diario que la mitad de aquellos trabajadores computados por el Tribunal, en torno a 170.000, tendrán que devolver la prestación al no cumplir con los requisitos establecidos.
El secretario general de la asociación, Eduardo Abad, dice que «calculamos que al menos un 20% de las ayudas del cese de actividad extraordinario van a ser requeridas para su subsanación y, de estas, la mitad creemos que tendrán que devolverse por incumplir los criterios que se recogieron para recibirlas». Uno de los requisitos fundamentales era la bajada de facturación y, en muchos de los casos ahora revisados, se ve que no hay esa bajada, incumpliendo lo que mandataba la orden de ayudas urgentes que se hizo en aquel momento.
Desde los representantes de los autónomos, apuntan en dirección a las mutuas de accidentes de trabajo y las gestoras de las ayudas, que se acogieron a distintos criterios.
Entre los trabajadores por cuenta propia preocupa especialmente el momento en el que el Tribunal de Cuentas entre en las ayudas dadas a través de las CCAA, porque mayoritariamente estás se hicieron sin contar con la participación de las organizaciones representativas del colectivo autónomo.
«Tomaron la iniciativa por su cuenta y riesgo y dejaron fuera epígrafes que no debían ser excluidos», dicen desde Upta. Se tuvieron que ampliar sectores y modificar las bases para abarcar a todos, reconociendo que algunos recibieron ayudas regionales de manera implícita solo por ser autónomos y acreditar su situación.
El momento en el que estas ayudas se lanzaron, España vivía una situación de extrema urgencia con una situación de paro total de la mayoría de los sectores. En esta situación, desde el Gobierno y las Comunidades Autónomas se aplicaron medidas para salir del bache.
«Defendemos que, el que tiene ayudas sabiendo que no las podían tener, deberá devolver el dinero, sabiendo que esos fondos eran para autónomos con necesidades que cumplían los requisitos. Sabemos también que la situación de aquel momento llevo a acelerar los procesos para subsanar», explica el secretario general de Upta.
Desde Upta, ponen el ojo en los organismos que asesoraron a los autónomos y pequeños empresarios en esta situación cuando sabían que no podían recibir las ayudas. «Ahora vienen las consecuencias», cuentan; apelando a que se pidieron muchas ayudas sabiendo que no cumplían los requisitos, solo por el hecho de que en ese momento se estaban dando facilidades para la concesión de las mismas en los momentos iniciales de la pandemia.
Ahora, los autónomos que recibieron las ayudas cuando no cumplían los criterios de reducción de actividad pueden enfrentarse a un problema que «mete miedo en algunas Comunidades Autónomas», cuenta Abad, que también se pregunta «¿cuántas personas que ya no son autónomas tendrán que volver la ayuda?».
Eduardo Abad pedirá está semana una reunión urgente con la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, para analizar la situación sobre las solicitudes de aclaración y reintegro del cese de actividad.
