Los gestores advierten a los autónomos que la ayuda de 200 euros por bajos ingresos no está exenta de IRPF
El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, advirtió que la ayuda de 200 euros del Gobierno no está exenta de IRPF.
«La ayuda de 200 euros para personas físicas pueden estar obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta de personas físicas del ejercicio 2023 «, afirmó Jesús Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos. La razón, explicaron, es que se trata de «una ganancia patrimonial no exenta».
Esta situación supone a los autónomos y contribuyentes tener que afrontar los inconvenientes administrativos – añadió Santiago – que supone presentar la declaración, con la posibilidad de que ésta salga a pagar. Pero sería peor en el caso de que declaren rentas anuales superiores a 1.800 euros anuales por todos los conceptos y les suponga a sus descendientes o, en su caso, a sus ascendientes, perder la posibilidad de practicar los correspondientes mínimos familiares por descendientes, ascendientes o discapacitados.
Sería el caso de un contribuyente obligado a declarar por este concepto, – por ejemplo, un padre, mayor de 65 años incluido en la declaración de su hija, o el de un hijo incluido en la declaración de sus padres – que practica el correspondiente mínimo familiar por convivencia y dependencia y aun por discapacidad. El importe de los mínimos familiares que pueden verse comprometidos oscilan entre los 1.150 euros y 14.150 euros, por término general. Algo parecido sucede con los 400 euros del bono cultural o las ayudas o bonos que las entidades locales facilitan para impulsar el comercio o el turismo.
El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos observó que sus «compañeros nos están transmitiendo su preocupación porque, cuando van a realizar la solicitud, se encuentran que la mayor parte de los potenciales solicitantes son personas con escasos recursos, que se van a ver obligados a presentar el año que viene la declaración y que puede que, entre el coste de realizarla (se la tiene que realizar un profesional) y la posibilidad de que el resultado sea a pagar, los 200 euros se conviertan en un verdadero problema”.
“No logramos entender cómo, después de que ya se advirtió con el IMV y con las prestaciones del ERTE Covid, los redactores de la norma no han tenido en cuenta estas implicaciones fiscales. Luego se llevarán las manos a la cabeza si la ayuda es un fiasco, si dentro de un año se queja todo el mundo o si les decimos que solo les preocupa el voto”, indicó Santiago.
