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El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago, advirtió que la ayuda de 200 euros del Gobierno no está exenta de IRPF. 

«La ayuda de 200 euros para personas físicas  pueden estar obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta de personas físicas del ejercicio 2023 «, afirmó Jesús Santiago, presidente del Consejo General de Gestores Administrativos. La razón, explicaron, es que se trata de «una ganancia patrimonial no exenta». 

Esta situación supone a los autónomos y contribuyentes tener que afrontar los inconvenientes administrativos – añadió Santiago  – que supone presentar la declaración, con la posibilidad de que ésta salga a pagar. Pero sería peor en el caso de que declaren rentas anuales superiores a 1.800 euros anuales por todos los conceptos y les suponga a sus descendientes o, en su caso, a sus ascendientes, perder la posibilidad de practicar los correspondientes mínimos familiares por descendientes, ascendientes o discapacitados.

Sería el caso de un contribuyente obligado a declarar por este concepto, – por ejemplo, un padre, mayor de 65 años incluido en la declaración de su hija, o el de un hijo incluido en la declaración de sus padres – que practica el correspondiente mínimo familiar por convivencia y dependencia y aun por discapacidad. El importe de los mínimos familiares que pueden verse comprometidos oscilan entre los 1.150 euros y 14.150 euros, por término general. Algo parecido sucede con los 400 euros del bono cultural o las ayudas o bonos que las entidades locales facilitan para impulsar el comercio o el turismo.

El presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos observó que sus «compañeros nos están transmitiendo su preocupación porque, cuando van a realizar la solicitud, se encuentran que la mayor parte de los potenciales solicitantes son personas con escasos recursos, que se van a ver obligados a presentar el año que viene la declaración y que puede que, entre el coste de realizarla (se la tiene que realizar un profesional) y la posibilidad de que el resultado sea a pagar, los 200 euros se conviertan en un verdadero problema”.

“No logramos entender cómo, después de que ya se advirtió con el IMV y con las prestaciones del ERTE Covid, los redactores de la norma no han tenido en cuenta estas implicaciones fiscales. Luego se llevarán las manos a la cabeza si la ayuda es un fiasco, si dentro de un año se queja todo el mundo o si les decimos que solo les preocupa el voto”, indicó Santiago.

Se trata de planes que ayudarán a mejorar el ahorro de autónomos y empleados de pymes

Los planes de pensiones de empleo simplificados ayudarán a mejorar el ahorro de autónomos y empleados de pymes. Crear este tipo de instrumentos forma parte de las novedades que introduce el anteproyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo.

El objetivo de esta norma es simplificar la complejidad y la carga administrativa que para los promotores, empresas y personas físicas empleadoras suponen los actuales planes de pensiones de empleo.

En este sentido, se considerarán planes de pensiones de empleo simplificado aquellos que, como recuerdan desde el portal Jubilación de Futuro, estén impulsados por empresas que se incluyan en los acuerdos colectivos estatutarios de carácter sectorial y que instrumenten compromisos por pensiones en favor de sus trabajadores. También serán reconocidos como tal los planes de pensiones de empleo del sector público que se incluyan en las corporaciones locales, las entidades y organismos que dependan de ellas.

Cinco años de adaptación

Asimismo, los planes de pensiones de los autónomos que estén promovidos por las asociaciones de trabajadores autónomos, por los colegios profesionales o por las mutualidades de previsión social también podrán optar a tal condición. Al igual que aquellos planes de pensiones de socios trabajadores y de socios de trabajo de sociedades cooperativas y laborales.

No obstante, los planes de empleo simplificados tendrán que cumplir con una serie de requisitos. Estos planes tendrán que ser de la modalidad de aportación definida para la contingencia de jubilación y las prestaciones que prevean deberán articularse mediante contratos de seguro previstos por el plan.

Asimismo, los contratos de seguro que formen parte de estos planes de pensiones y que cubran el fallecimiento, la invalides o la dependencia, no podrán tener una duración superior a un año, tendrán que ser temporales anuales renovables. Y las prestaciones se percibirán en forma de renta a no ser que se establezca lo contrario.

Por su parte, los planes de pensiones actuales tendrán un periodo máximo de 5 años para transformarse en planes de pensiones de empleo simplificados (PPES), en el caso de los autónomos, o en un plan de pensiones individual, en el caso del resto.

Fuente: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/11/14/autonomos/1668445657_972548.html