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El Comité de Expertos propone que los autónomos no declararen IVA cuando estén por debajo de 3.000 euros

El Comité de Expertos del Gobierno ha emitido su informe para la futura Reforma Fiscal. Proponen, entre otras cosas, que los autónomos no tengan que declarar el IVA cuando el impuesto no exceda los 3.000 euros.

El Comité de Expertos elegidos por el Gobierno para sentar las bases de la futura reforma del sistema tributario coincide en la necesidad de establecer un umbral mínimo de exención para la tributación del IVA. De esta forma, los autónomos que no superen el umbral de 3.000 en este impuesto no estarían obligados a declarar ni a realizar el pago trimestral de este tributo. Esta es una de las medidas más importantes, que afecta a 500.000 trabajadores por cuenta propia,  y que recoge el documento presentado ayer donde se incluye también la progresiva eliminación del sistema de módulos y, en general, un aumento de la recaudación de Hacienda mediante subidas generales de impuestos como el IVA o de hidrocarburos.

España es uno de los pocos países de Europa que no tiene un régimen franquiciado de IVA. Es decir, el sistema fiscal no establece ningún tipo de exención de declaración sobre este impuesto. Por ello, el Libro Blanco Sobre la Reforma Tributaria  que ha presentado el Comité de Expertos recomienda al Gobierno introducir unos umbrales de tributación mínimos para que quede exenta la obligación de declarar el IVA. Se trata de la propuesta 75, que dice así: “analizar y articular la introducción de un umbral o franquicia (en el entorno de los 3.000 euros) en materia de IVA, simplificando con ello la realización de actividades económicas de pequeña cuantía y fomentando la iniciativa emprendedora.”

Según se explica en el documento, esta exención en el impuesto afectaría a unos 488.000 usuarios, de los cuáles un 80% serían personas físicas y el coste recaudatorio de la aplicación de esta medía se estimaría en 228 millones de euros de menor recaudación para Hacienda, el equivalente al 0,35% del total. Para el profesor de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los miembros del Comité de Expertos, Santiago Díaz, la medida lograría animar la actividad emprendedora.

“Somos prácticamente de los pocos países europeos (uno de los cuatro) que no contamos con con un régimen de franquicia en el IVA. Lo que permitiría esta exención de hasta 3.000 euros es que no haya que cumplir con todas las obligaciones de registro, alta y pago trimestral, que imposibilitan hacer de forma transparente una actividad ocasional o complementaria” dijo Díaz.

Por último, dentro de esta propuesta, el Comité añade que el Gobierno debe crear una serie de «medidas que permitan hacer un seguimiento de las operaciones económicas de los sujetos beneficiarios del régimen”, ya que, si superan el umbral, volverían a estar afectos a la obligación de declarar el IVA. 

Una exención de 3.000 euros y no de 50.000 euros

La creación de un IVA franquiciado para España era una de la medidas principales que planteó la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) al Comité. En su documento de alegaciones solicitaban que se creara un régimen franquiciado de IVA “con un umbral no inferior a los 50.000 euros, y ello sin esperar a la entrada en vigor de la nueva Directiva”.

El documento de los expertos, si bien se hace eco de la propuesta planteada por ATA, no recoge el importe de exención que deseaba la Federación: 50.000 euros. Apenas si se queda e 3.000 euros.

Según el profesor Díaz esta media podría resultar muy útil para las actividades digitales y las ventas de segunda mano que se hacen en España: “las actividades digitales tienen, por un lado, las empresas que prestan el servicio y, por otro, los que participan. Y dentro de ese lado de ventas de segunda mano, hay muchísimas empresas que residen fiscalmente en nuestro país. Para ellos, proponemos también el mínimo umbral franquiciado de IVA de 3.000 euros”.

La eliminación “gradual” del sistema de módulos

Otra de las medidas que afectarán a los autónomos es la propuesta de eliminar el sistema de estimación objetiva o módulos. Una medida que de llevarse a cabo obligaría a los 350.000 trabajadores por cuenta propia que opera actualmente bajo este sistema a tributar por estimación directa. Se trata de una iniciativa que afecta a transportistas, taxistas, hosteleros o peluquerías principalmente.

No obstante, hay que se señalar que se trata de una recomendación de los expertos, y no de una propuesta. “El Comité recomienda su eliminación gradual, aunque considera que determinadas actividades agrarias pueden requerir de un período de adaptación más amplio”. Para este sector propone “la introducción de un sistema de determinación de la base imponible para las explotaciones más pequeñas (en función del número de hectáreas o del volumen de rendimientos íntegros) a partir del promedio de ingresos de los tres últimos ejercicios fiscales, de manera que se tenga en cuenta la variabilidad de ingresos de estas actividades”.

Los expertos insisten en el documento que la eliminación de los módulos debería “venir acompañada de una continuación del esfuerzo de la Administración Tributaria de información y asistencia a los pequeños empresarios y de simplificación de sus obligaciones formales”.

Se propone eliminar los tipos reducidos de IVA, pero no ahora

La principal recomendación de los expertos es la necesidad de que se amplíen las bases tributarias.Si bien reconocen que “antes de poner en marcha las reformas planteadas, hay una conveniencia y necesidad de que primero haya una recuperación económica” manifestó el catedrático Emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y coordinador y presidente del Comité de Expertos, Jesús Ruíz-Huerta. En este punto, cobran especial importancia las políticas implementadas en materia de IVA.

Los expertos creen que es necesario “pensar en un proceso de revisión y reducción de las distancias de tipos reducidos y súper-reducidos” dijo Ruíz-Huerta. Quien añadió que “hay un problema con esas diferencias y deberían resolverse. La pérdida recaudatoria como consecuencia de las excepciones son muy elevadas. De unos 30.000 millones de euros según calculó la AIREF (Autoridad Independiente Fiscal)”.

Cualquier medida que se tome en materia de IVA afecta a los trabajadores por cuenta propia, tanto porque soportan en el IVA, como porque lo repercuten. Además, de que son muchos los profesionales por cuenta propia los que disfrutan de una exención en este impuesto, o se benefician de la venta de un producto a un tipo reducido o súper-reducido. Que es precisamente dónde los expertos piden al Gobierno que tomen medidas, pero no concretan cuáles.

“No hay una propuesta cerrada como tal. Pero sí hay una constatación de que España tiene unos tipos inferiores a la media europea por el abuso de los tipos reducidos y súper-reducidos” dijo la profesora titulada de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid, Violeta Ruíz. Que añadió que aunque sea necesario abordar esta problemática a largo plazo, no tiene un carácter urgente y tienen que ir acompañada de medidas “compensatorias” para los colectivos potencialmente afectados por las medidas.

Igualar los impuestos del diésel a los de la gasolina

El Ministerio de Hacienda y Función pública encomendó a este grupo de expertos realizar una propuesta de reforma y mejora del sistema tributario que ahondara concretamente en la economía digital y la fiscalidad medioambiental. Que ocupan un capítulo cada una. Dentro del medio ambiente se encuentran una serie de medidas que se han ideado bajo el principio de ‘quien contamina paga’ y que afectan a los impuestos asociados al trasporte.

Se trata de la Propuesta 6, que recoge un “aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos”. El objetivo es que se iguale la tributación del diésel a la de la gasolina. El catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, Xavier Labandeira, explicó que en el capítulo de medioambiente se busca “mejorar la eficiencia de los impuestos para que lleguen a los causantes de la contaminación […] Pero contemplamos para determinados sectores -profesionales – compensaciones que no estén vinculadas al propio impuesto”. Esto quiere decir que, los autónomos del transporte se verán afectados igualmente por esta medida, pero pondrá acceder a algún tipo de compensación. No obstante, ésta no sería a través de una deducción en el propio impuesto. 

Dentro de este apartado medioambiental también se plantea la creación de un nuevo impuesto a los billetes de vuelo, o la penalización en el tratamiento de residuos de emisiones de gases por parte de grandes industrias o actividades ganaderas.

Un impuesto europeo para los streamers

La economía digital y las actividades emergentes forman otro de los capítulos (el cuarto) del Libro elaborado por el Comité de Expertos. Está enfocado principalmente a “nivelar” la tributación de las nuevas actividades digitales. Entre la batería de propuestas que se recopilan dentro de este apartado destacan:

  • Una ventanilla única para el comercio intracomunitario (IVA).
  • Vigilar y reforzar el control de los cripto activos.
  • La creación de un impuestos europeo para los sectores del streamig o el juego online.
  • La obligación de información a las plataformas intermediarias.

También se encuentran en este apartado todas las medidas que tienen que ver con el fomento del emprendimiento y de la creación de empresas emergentes (startups). “Aquí lo que se trata es de reducir la complejidad y la incertidumbre” dijo el presidente del Comité de Expertos Jesús Ruíz-Huerta. Entre las medidas que proponen sobresalen: la libertad total de amortización, un régimen directo de monetización de las deducciones por I+D+i, un tratamiento diferencial de las Stock Options para que no tributen en el momento en el que se adquieren, sino cuando se hayan cobrado -se les da un plazo de 10 años-, un régimen simplificado de IRPF (parecido al franquiciado de IVA de 3.000 euros).

La evaluación de las deducciones en I+D+i en el Impuesto de Sociedades

En cuanto al Impuesto de Sociedades, los expertos consideran que uno de los problemas que tiene es un “heterogeneidad” de aplicación en las empresas. Y además que se utilizan como “instrumento de elusión fiscal”. Por todo ello, proponen evaluar los beneficios fiscales y establecer límites en las deducciones que se aplican en términos de I+D+i hasta “que no se justifique que son eficaces”. Además de que se incremente el control sobre las sociedades pantallas.

Limitar nacionalmente el impuesto de patrimonio

El Comité de Expertos ha recomendado al Ejecutivo que establezca unos límites mínimos tanto al Impuesto Patrimonial, como al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en toda España. De tal forma, que responden así a la polémica de la armonización fiscal estableciendo un mínimo para toda España, pero dándoles a las autonomías la libertad de modificar el tributo. Si bien, no especifican de cuánto debería ser ese límite.

FUENTE: https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tus-finanzas/comite-expertos-propone-que-autonomos-declararen-iva-cuando-debajo-3000-euros/20220303172230026208.html

Luz verde definitiva al fondo público de pensiones: así afecta a trabajadores y autónomos

  • El trabajador podrá desgravar en el IRPF sus aportaciones al plan
  • Las contribuciones del empresario se deducen de la base de cotización
  • No se incluyen aspectos de obligatoriedad para el ahorro en la nueva ley

El Consejo de Ministros dio luz verde definitivamente al proyecto de ley para la articulación del fondo público de pensiones con el que se pretende dar un impulso definitivo al ahorro complementario para la jubilación, una de las tareas pendientes de España si elevamos la comparación al resto de países del entorno comunitario y, más allá, se trata de una demanda de Bruselas de cara a la reforma del sistema público de pensiones.

En concreto, el proyecto de ley ha incorporado incentivos fiscales para impulsar los planes de pensiones colectivos, en línea con la recomendación 16ª del Pacto de Toledo y con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Hay que recordar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se continúa el proceso de diferenciación de la fiscalidad entre planes individuales y colectivos, estableciendo un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros y de 10.500 euros, respectivamente. Eso sí, el texto no incluye definitivamente una de las demandas del sector privado, que ha trasladado al Ejecutivo hasta el último momento previo a la aprobación y que era una condición para sostener un apoyo público a la medida: la desgravación fiscal en el impuesto de Sociedades.

Se espera, según el calendario comprometido con la Comisión, que estos fondos de promoción pública estén activos para la segunda mitad de 2022. De ello dependerá que nuestro país reciba el tramo correspondiente al segundo semestre de este año procedente de los fondos Next Generation, por valor de 6.000 millones de euros.

¿Para quienes va destinado el instrumento de ahorro?

El objetivo del Gobierno es alcanzar y agrupar en estos planes de pensiones de empleo a cerca de 10 millones de trabajadores en nuestro país y quintuplicar la base de dinero depositada en estos instrumentos por parte de los trabajadores, hasta alcanzar los 300.000 millones de euros. Principalmente, son objeto de esta reforma los tres millones de trabajadores autónomos de nuestro país, los cerca de tres millones de trabajadores que se encuentran empleados en alguno de los niveles de la administración pública (según los últimos datos EPA) y los trabajadores de pymes que no tienen acceso a estos planes de ahorro, muy concentrados en las grandes corporaciones.

¿Deberán, obligatoriamente, ahorrar todos los empleados españoles tras la reforma?

La ley aprobada para el impulso de los planes de empleo no recoge ningún elemento nítido y claro de obligatoriedad sobre el uso de los instrumentos de ahorro. En Reino Unido, se incorporó para el fomento de estos planes el denominado autoenrollment, que se trata de un aspecto de automatización por el cual cada trabajador que se incorpora a una compañía comienza a aportar por defecto a este plan de jubilación. Y es el mismo empleado quien debe trasladar de forma expresa su deseo de salir del plan que tenga la empresa abierto para sus trabajadores. En el caso de España tan solo se añade un punto en que se fija el deber de negociar (pero no de pactar) la previsión complementaria en los procesos de negociación colectiva sectorial de las empresas. Más allá, este punto, al colgar de la ley reguladora de fondos y planes de pensiones, carece de obligatoriedad legal, y según apuntan los expertos consultados por eE se podría tener que replicar en el Estatuto de los trabajadores si se quiere imponer como un deber de cara a futuras negociaciones.

¿Y si mi empresa decide abrir un plan simplificado para sus trabajadores?

En primer lugar, los trabajadores tendrán la opción de aceptar o rechazar el plan de ahorro, tal y como sucede con los actuales fondos ya regulados por ley y promovidos desde el sector privado. Ahora bien, estos planes serán abiertos a futuro por una decisión acordada en negociación colectiva por parte de los empresarios y de los sindicatos, y en los que también habrá representación designada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por lo que se presentará con condiciones aceptadas por todas las partes.

¿Cómo serán mis aportaciones? ¿Cuánto dinero destinaré?

En el caso de que el trabajador decida incorporarse al nuevo sistema de ahorro, comenzará a destinar dinero de su nómina para el fondo de pensiones. De la negociación colectiva saldrá un acuerdo sobre el porcentaje de la nómina que se destina al plan (en Reino Unido esta aportación que sí es obligatoria alcanza el 8% del sueldo) y también se decidirá si la empresa realiza aportaciones complementarias a este fondo, para acompañar las realizadas por el empleado. De este modo, al plan del trabajador se destinaría cada mes la cuantía propia y la aportada por el empleador. Desde el sector privado, se demanda en este punto que también el Estado pueda incorporarse a estas aportaciones. En Reino Unido, un 3% de estas contribuciones corre a cargo del empresario empleador, un 4% a cargo del empleado, y un 1% de aportación a cargo del Estado.

¿Qué beneficios tengo al aportar al fondo público de pensiones?

En primer lugar, el trabajador que comienza a aportar al fondo público de pensiones estará generando ahorro complementario para la prestación pública que le otorgará la Seguridad Social al abandonar el mercado laboral. En segundo lugar, tanto el empleado como el empresario podrán disfrutar de incentivos si aportan al plan de ahorro. Cabe recordar, que el Gobierno podría introducir a futuro medidas sobre el sistema público que provoquen una merma de las cuantías iniciales de la pensión de jubilación. Sin ir más lejos, la ampliación de 25 años a 35 años del periodo cotizado para el cálculo de la base reguladora.

¿Qué incentivos fiscales hay por aportar al plan de ahorro?

En el punto de los incentivos fiscales que se darán por aportar al plan de empleo, se puede dividir la oferta en tres partes, en función de los diferentes destinatarios. Por un lado, el trabajador podrá desgravarse hasta 1.500 euros anuales por aportar a estos planes, siempre y cuando sea el único que contribuya al fondo. Si el empresario complementa estas aportaciones, la cantidad a desgravar podrá alcanzar 8.500 euros más. Además, se encuentran los incentivos para el empleador que se han sustanciado en el texto aprobado -son los únicos que se fijan en el anteproyecto de ley, los límites exentos para las aportaciones se concretaron en los Presupuestos Generales del Estado de 2022- que suponen una desgravación en la cuota a la Seguridad Social de hasta 301 euros anuales por trabajador. En el último borrador no se incluyeron incentivos para el impuesto de Sociedades que reclamaba el sector privado como un gesto de acercamiento a la medida. Cabe recordar que hasta 2013, las aportaciones del empleador también se reducía en hasta el 10% del tributo por Sociedades.

Nueva propuesta a los autónomos con cuotas que van de 214 euros a un máximo de 991,44 euros

Nueva propuesta de cotización para los autónomos sobre la mesa. El Gobierno ha planteado este martes un nuevo sistema de cotización a los autónomos en el que se incluyen cambios en el sistema de tramos y cuotas. También se ha propuesto la introducción de retoques en el concepto y definición de los rendimientos netos. La oferta se ha trasladado de forma verbal a los agentes sociales durante la reunión mantenida hoy y aún no se ha presentado por escrito, según especifican fuentes de la negociación. Con el nuevo plan del Ministerio de Seguridad Social se reducen las cuantías de algunos de los tramos intermedios más numerosos para los trabajadores que tienen rendimientos de 900 a 1.500 euros mensuales. También se eliminan los dos segmentos superiores para los segmentos con mayores ingresos y se pasa de 13 a 11 tramos.

Así, con la nueva fórmula la cuota máxima se rebajaría a unos 991,44 euros frente a los 1.267 euros del esquema planteado de forma inicial.

Los cambios también atañen a los rendimientos más bajos de la tabla ya que los tramos comenzarían ahora en el segmento de trabajadores por cuenta propia con ingresos de cero a 700 euros. Estos trabajadores desembolsarían ya en 2031 una cuota de 214,2 euros frente a los 183,6 euros de la oferta inicial. Fuentes de la Seguridad Social aclaran a ABC que la cuota se ha subido en este nuevo modelo respecto a la oferta inicial «para mejorar la protección social» de este colectivo. El Gobierno también planea mantener la tarifa plana de 70 euros para la base mínima de cotización.

Propuesta del Gobierno de tramos de cotización por ingresos reales de los autónomos.

Desde el departamento de Seguridad Social también informaron que se redefinirá el concepto de rendimiento neto y se permitirá descontar algunos gastos antes no incluidos. En esta línea, se retoca la definición de rendimiento neto para calcular los rendimientos: ahora se quitan amortizaciones y provisiones y se restará un 5% de los rendimientos por gastos corrientes.

Rechazo de ATA

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos-ATA concretaron que con el nuevo modelo planteado en el encuentro se eliminarían los dos tramos superiores y se baja la cuota a los dos segmentos por encima del salario mínimo interprofesional (SMI). Además, desde ATA volvieron a recordar al Gobierno la dificultad de establecer cualquier sistema de cotización en función de los ingresos reales si no existe «un dato de calidad» que sea comunicado por parte de la por parte de la Agencia Tributaria, así como una ordenación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). «ATA vuelve a decir no a la nueva propuesta porque el problema no está en los tramos», advirtió el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Pese a la nueva oferta por parte del Ejecutivo, desde ATA insisten en que el principal problema sigue residiendo en la matización de los ingresos reales a la hora de fijar los tramos de las cuotas de autónomos. En este sentido, inciden en que muchos autónomos cuentan con gastos que la Agencia Tributaria no permite deducir y que se quedarían fuera del cálculo. Amor recordó que «el problema no son los tramos». y que «no se puede empezar la casa por el tejado». Asimismo, el presidente de ATA recalcó que la oferta está planteada en base a los datos de la Agencia Tributaria, que no recogen información del 40% de los autónomos.

Por su parte, desde el departamento dirigido por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aseguran que tras analizar las propuestas enviadas por las asociaciones de autónomos, se han realizado «sustanciales modificaciones respecto a los últimos planteamientos, en respuesta a las diferentes peticiones de los interlocutores sociales». El Ministerio de Seguridad Social considera que dos de cada tres autónomos cotizarían igual o menos que ahora. También defienden que reportará más beneficio entre las mujeres ya que tres de cada cuatro cotizarían igual o menos y entre los jóvenes, ya que tres de cada cuatro cotizarían igual o menos.

La mayor asociación de autónomos del país también recordó al Ejecutivo que se agota el plazo de vigencia de la prestación por cese de actividad, planificado hasta el próximo 28 de febrero. Por su parte, desde Seguridad Social afirmaron que se conversó sobre la posibilidad de introducir mejoras en el cese de actividad ordinario y en la creación de un mecanismo análogo al creado en la reforma laboral.

El socio de Gobierno del PSOE, Unidas Podemos, también rechaza la propuesta de Escrivá. Así lo ha manifestado el portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, en Twitter. «La propuesta inicial ya era inaceptable. ¿Ahora se propone, encima, bajar la cuota a los autónomos que más ganan y subírsela a los más precarios?», se preguntó. «Nosotros no podemos (ni queremos, ni vamos a) apoyar semejante cosa. Que quede claro», sentenció.

Propuesta inicial

El anterior sistema de cuotas para los autónomos propuesto por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se había topado con el rechazo de gran parte del colectivo. Desde ATA criticaban que el sistema de cotizaciones por ingresos reales acabaría con la voluntariedad en la elección de la base de cotización al sustituir el modelo actual por 13 tramos de ingresos, cada uno de ellos con una cuota mensual asignada.

La propuesta inicial basada en cotizaciones por ingresos reales establecía una cuota mínima de 183 y una máxima de 1.267 euros mensuales. Estos 13 tramos propuestos se implantarían de forma progresiva de aquí a 2031 entre 183 euros al mes para los de rendimientos mensuales por debajo de los 600 euros y unos 1.260 euros para los que superen unos rendimientos de 4.050 euros. En el caso de los tramos de ingresos de 900 a 1.125,9 euros y de 1.125,9 a 1.300 euros, la cuota se mantenía fija en todo el periodo, en 293,94 euros en el primer caso y en 351,9 euros en el segundo.

Fuente: https://www.abc.es/economia/abci-gobierno-abre-puerta-trasladar-nueva-propuesta-sistema-cuotas-autonomos-202202151437_noticia.html


¿Te han cobrado la cuota de autónomos estando de baja? Así puedes reclamarla

Durante los periodos de baja de la actividad como autónomo, los trabajadores por cuenta propia están exentos de su obligación de pagar la cuota. No obstante, no es la primera vez, ni será la última, que la Administración comete un error y liquida el pago, a pesar de no tener que hacerlo.

Por este motivo, la Seguridad Social otorga el derecho al colectivo a reclamar este tipo de errores administrativos para poder solventar su situación financiera, ya que los autónomos están pasando por un momento económico complicado, intentando paliar el daño que ha provocado la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

¿Cómo puedo solicitar la devolución de las cuotas cobradas por error?

Para realizar este trámite, la Administración pone a disposición del autónomo un canal concreto para que reclame el cobro indebido de las cuotas a la Seguridad Social, de tal manera que pueda recuperar la cantidad pagada indebidamente.

En concreto, el trabajador por cuenta propia debe dirigirse a la Sede Electrónica de la Seguridad Social. No obstante, para ello, primero deberá identificarse a través de alguna de las vías que habilita la plataforma:

– Certificado electrónico.

– Usuario y contraseña.

– Sistema Cl@ve.

– SMS.

Una vez que el profesional ya se ha identificado a través de alguno de estos métodos, deberá dirigirse al apartado ‘Ciudadanos’, para acceder al portal ‘Recaudación’ y, por último, remitirse a la zona web habilitada para este trámite, ‘Devolución de ingresos de regímenes y sistemas especiales’.

A partir de aquí, la propia plataforma irá guiando al autónomo en su trámite para realizar este proceso de forma rápida y sencilla. Ahora, el profesional podrá:

– Solicitar la devolución de ingresos indebidos.

– Consultar el estado de tramitación de su solicitud, tanto si se ha efectuado a través de este medio como si ha sido presentada ante la Administración de la Seguridad Social.

Fuente: https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11599536/02/22/Te-han-cobrado-la-cuota-de-autonomos-estando-de-baja-Asi-puedes-reclamarla.html

Hacienda acaba de publicar el nuevo plan de control fiscal que pondrá el foco en autónomos y pequeños negocios

Hacienda publicó este lunes su Plan de Control Tributario para 2022 que marca las directrices que seguirá este año la Agencia Tributaria y trae varias novedades para los autónomos. Entre ellas, la vuelta de las ‘cartas aviso’ o el aumento de las visitas in situ a los negocios.

Hacienda publicó este lunes el Plan de Control Tributario para 2022, donde incluye las directrices principales que seguirá la Agencia Tributaria para perseguir las irregularidades fiscales y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias para este año. Y serán los autónomos y los pequeños negocios los objetivos principales de este control. En este ejercicio, como en el anterior, será protagonista la inteligencia artificial que utilizará la inspección para anticiparse a los posibles incumplimientos y para mejorar la asistencia al contribuyente en la presentación de los principales impuestos, como IRPF e IVA.

Este año parece que el plan incide especialmente en la vigilancia de los autónomos y pequeñas empresas. Según la Resolución de 26 de enero de 2022, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022, la inspección «retomará» la emisión de las conocidas ‘cartas aviso’ a los negocios que, a lo largo del tiempo, presentan indicios de «potencial de incumplimiento», como por ejemplo, por declarar ingresos que están muy por debajo de la media de facturación de su sector.

También se reanudarán con la misma -o mayor- intensidad que antes de la crisis las tradicionales visitas in situ de Hacienda, poniendo especial hincapié en los «nidos de sociedades», que muchas veces pueden ocultar tramas de defraudación del IVA y otros efectos pantalla para evitar la recaudación fiscal.  Precisamente este impuesto será uno de los objetivos de control más importantes de la Agencia Tributaria para este año y que más podría afectar al colectivo, ya que se «ampliará el colectivo de análisis de posibles contribuyentes no declarantes de IVA».  

Además, Hacienda dará este año un paso más en la mejora de la asistencia al contribuyente a través de la inteligencia artificial. Así, se «consolidará el ‘machine learning’ (aprendizaje automatizado) en Renta Web para reducir los errores previsibles de los contribuyentes en la cumplimentación de su declaración, incrementando el número de casillas con mensaje informativo» y también se incrementará «la información ofrecida en los datos fiscales y en el borrador de IVA (‘PRE303’)».  A continuación, se detallan las líneas maestras del plan de control tributario para 2022, tanto a nivel de vigilancia sobre los negocios, como de asistencia en la presentación de impuestos.

Control de las obligaciones tributarias en 2022: cartas aviso, visitas y lucha contra la economía sumergida

La Agencia Tributaria prevé desplegar a partir de 2022 una estrategia para extender el uso de técnicas de análisis del comportamiento del contribuyente para facilitar su cumplimiento voluntario, pero también para atajar el presunto fraude de los contribuyentes.

Vuelta de las cartas aviso a autónomos y pequeños negocios

El planteamiento pasa por sistematizar estas técnicas para la mejora del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales desde el punto de vista de la comunicación con los contribuyentes. De hecho, una de las novedades más importantes para este año será la reanudación de las tradicionales cartas aviso a los negocios que durante un periodo de tiempo han presentado algunos indicios de estar cometiendo irregularidades fiscales.

Con estas cartas, como se hizo en anteriores años, se hará saber a los autónomos y empresas las informaciones de las que dispone la Agencia Tributaria y que apuntan a la existencia de riesgos de incumplimiento. De esta forma, determinados contribuyentes conocerán la valoración que de su comportamiento fiscal realiza la Inspección de Hacienda y podrán, a decisión propia, o bien explicar que las informaciones que han determinado esa valoración no son correctas, o bien directamente  rectificar su situación fiscal, especialmente en relación con las autoliquidaciones siguientes.

De este modo, explica la Agencia Tributaria, se evitan los costos procedimientos de comprobación. Para llevar a cabo esta actuación, Hacienda analizará varios parámetros financieros y de economía de la empresa, incluyendo entre ellos aspectos contables declarados y otros datos del rendimiento de la actividad o de generación de flujos de tesorería externos a la propia contabilidad, así como signos externos obtenidos de terceros. Precisamente esto fue lo que se hizo años atrás, cuando se informaba a los autónomos y empresas de que su facturación declarada estaba muy por debajo de la del sector para que, si lo consideraban oportuno, rectificaran su comportamiento fiscal.

Visitas a negocios con mucho uso de efectivo y más control sobre el IVA

En 2022 se continuará con el tradicional ‘plan de visitas’. Tanto es así que el documento precisa que «se impulsarán de nuevo las personaciones en las sedes donde se realizan actividades económicas para combatir las conductas insolidarias de una parte muy reducida de contribuyentes que aprovechan la dificultad de contrastar datos sobre el volumen real de ingresos». Además, la Agencia Tributaria pondrá el foco este año en cuestiones de carácter censal, entre las que se incluirán visitas a los denominados ‘nidos de sociedades’, como pueden encontrarse en centros de ‘coworking’ y lugares de simple recepción de correspondencia, para controlar posibles tramas de fraude en IVA y otros impuestos.

Además,  la inspección intensificará un año más la vigilancia sobre los pequeños negocios de sectores como la hostelería o el comercio, que son habitualmente los que más trabajan con dinero en efectivo. De este modo, «continuarán las comprobaciones en aquellos sectores o modelos de negocio en los que se aprecien altos niveles de economía sumergida, y especialmente de ámbitos en los cuales se utiliza el efectivo como único medio de pago aceptado, o en los que se pueda utilizar por encima de la limitación legal de las transacciones en efectivo», apunta el documento.

También se ampliará el colectivo de análisis de posibles contribuyentes no declarantes de IVA y, en el contexto de la colaboración con la Inspección de Trabajo, se analizarán sectores con esquemas de subcontrataciones frecuentes para comprobar la correcta tributación en IVA e IRPF de empresas que cuentan con trabajadores pretendidamente autónomos.

Refuerzo de la lucha contra la ocultación de ventas

Por otro lado, y también importante para los pequeños negocios, en el terreno del control de la economía sumergida, la Agencia Tributaria reforzará la lucha contra el uso de sistemas de ocultación de ventas, de acuerdo con la prohibición legal establecida en la Ley Antifraude.

Además, según lo previsto en el Componente 27 del Plan de Recuperación y de cara al desarrollo reglamentario de la ley, la Agencia Tributaria está manteniendo reuniones con las organizaciones de pymes y autónomos para analizar alternativas técnicas que permitan, no sólo el cumplimiento de esta prohibición –la de los software de doble uso que se utilizan para ocultar y no declarar ventas-, sino directamente para dar «soluciones digitales integrales» que permitan a los negocios cumplir con sus obligaciones de facturación con un sistema que envíe automáticamente toda la información a la Agencia Tributaria. 

Comercio electrónico y economía digital

En el año 2022, la Agencia incidirá también en el control de las transacciones que se realizan por comercio electrónico, así como en ciertos ámbitos de la propia economía digital. Es decir, se aumentará la vigilancia sobre aquellos negocios que se desarrollan esencialmente a través de internet. En relación con las ventas online, se volverá a incidir en la identificación fiscal de sociedades no domiciliadas en España, pero que sí deben tributar por IVA por sus ventas a consumidores españoles.

En relación con la economía digital, se impulsarán fórmulas para obtener información económica y comercial que pueda ser explotada en posteriores comprobaciones. En este sentido, Hacienda subraya que el incremento de la actividad desarrollada a través de internet implica la necesidad de un control exhaustivo de su correcta tributación, evitando el fraude y la competencia desleal. Así, este año, la Agencia Tributaria prevé incrementar las actuaciones en aquellas actividades digitales que puedan presentar mayor riesgo tributario.

Actuaciones específicas en el Impuesto sobre Sociedades

También va a continuar la tarea de comprobación respecto de contribuyentes que han consignado reiteradamente en sus declaraciones bases imponibles negativas a compensar y deducciones pendientes de aplicar en el Impuesto sobre Sociedades.  

Otro riesgo, según Hacienda, es el aprovechamiento de beneficios fiscales de forma indebida por parte de entidades que no tienen actividad y cuyo principal motivo de existencia es, precisamente, aprovechar esos beneficios. Por ello, se incidirá en los negocios que sólo sirven como vehículos’ para trasladar beneficios fiscales a terceros inversores interesados en disfrutar de estas ventajas.

Mejora de la asistencia al contribuyente, sobre todo en impuestos como IVA e IRPF 

Este año, y siguiendo la línea del anterior, Hacienda pondrá especial énfasis en el desarrollo de inteligencia artificial para mejorar la asistencia al contribuyente. De este modo, se consolidará el ‘machine learning’ (aprendizaje automatizado) en Renta Web para reducir los errores previsibles de los contribuyentes en la cumplimentación de su declaración, incrementando el número de casillas con mensaje informativo.   

También se reforzará la información ofrecida al contribuyente a la hora de confeccionar las propias declaraciones tributarias. En el Impuesto sobre Sociedades se extenderá la puesta a disposición de los contribuyentes de avisos generados durante la presentación, mientras que en IRPF se seguirá incrementando la información ofrecida en los datos fiscales y en el borrador de IVA (‘PRE303’) aumentará el colectivo de contribuyentes a los que se ofrecerán los libros agregados, facilitando así la confección de la declaración del impuesto.

La mejora de la asistencia llegará también mediante la consolidación y evolución de las Administraciones de asistencia Digital Integral, las ADI, y con un nuevo impulso a los asistentes virtuales, avanzando en el diseño del ‘Asistente censal’ para las altas, bajas y modificaciones de información censal del contribuyente.

Así, las Directrices de 2022 marcan el inicio del diseño de un asistente virtual de Renta, pensado tanto para contestar las consultas formuladas por los contribuyentes, como para obtener información de retorno sobre cuáles son las dudas más habituales de los contribuyentes en esta materia para retroalimentar la base de conocimientos de la propia herramienta. Mientras se desarrolla este asistente, se irán ampliando los contenidos del denominado ‘Informador de Renta’ para ir dando respuesta mediante contenidos informativos estructurados a las cuestiones más frecuentes que plantean los contribuyentes.

Por otra parte, en el Área de Recaudación destaca la consolidación y evolución de los canales telefónicos y electrónicos como plataformas de información personalizada. En ellas, se facilitará el pago de impuestos  sin necesidad de desplazamientos.

Así son los cinco grandes cambios que afectan a los autónomos en 2022

  • La asesoría Declarando hace un repaso de estas novedades 
  • Afectan en materia fiscal, de pagos a la Seguridad Social…

Con la entrada de 2022 también han llegado novedades para un sector, el de los autónomos, que encara un periodo de modificaciones en sus obligaciones con la Seguridad Social y en otros campos como el fiscal. A la espera de conocer cuáles serán sus nuevas cuotas producto de la ‘reforma Escrivá’, los trabajadores por cuenta propia tienen alguna certeza en etse año recién comenzado.

Estas certezas son los cambios aprobados y que ya han entrado en vigor en 2022. El portal especializado en asesoría a autónomos Declarando ha elaborado una guía para que los profesionales por cuenta propia no se pierdan ninguno de los cambios y estén preparados ante los efectos que puedan conllevar en su actividad.

Suben las cuotas a la Seguridad Social

El aumento por la cotización en contingencias profesionales (del 1,1 al 1,3% de la base de cotización) y cese de actividad (de un 0,8 a un 0,9%) hacen que la cuota de autónomos pase de un 30,3 a un 30,6% de la base de cotización. Además, el aumento de la base mínima a 960,60 euros hará que esos profesionales que cotizasen por ella tengan un incremento extra de pago. 

Según Declarando esto tendrá un impacto de 60 euros al año para un autónomo y de 76 euros para un autónomo societario.

Reducción en la deducción por planes de pensiones

Una de las novedades de la Campaña de la Renta 2021-2022 afecta a los autónomos: la bajada en el límite de la deducción de las aportaciones a planes de pensiones, que pasa de 2.000 a 1.500 euros. Los cálculos de Declarando cifran en un 81% la bajada desde el año 2000, cuando se podían deducir hasta 8.000 euros en este concepto. 

Rebaja en el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades

Esta novedad conlleva una mejora para los autónomos, ya que si quieren constituir este año una empresa para el desarrollo de su actividad tendrán que pagar una menor cantidad en el Impuesto de Sociedades, que pasa de un 15 a un 10% en el caso de las empresas de nueva creación

Deducciones por obra de vivienda de mejora energética

Es otra de las novedades de la Campaña de la Renta: se conciben deducciones de entre el 20 y el 60% (con una base máxima de 15.000 euros en el mejor de los casos) dependiendo de la reducción de la demanda de calefacción o refrigeración que se consiga con las obras en la vivienda, que puede ser su vivienda habitual o una para destinar a alquiler. 

Esta deducción será válida cuando se obtenga el certificado energético (en todo caso antes de 2023) y siempre que las obras tuviesen lugar entre el 6 de octubre y el 31 de diciembre de 2021.

Reducción en la deducción por planes de pensiones

Una de las novedades de la Campaña de la Renta 2021-2022 afecta a los autónomos: la bajada en el límite de la deducción de las aportaciones a planes de pensiones, que pasa de 2.000 a 1.500 euros. Los cálculos de Declarando cifran en un 81% la bajada desde el año 2000, cuando se podían deducir hasta 8.000 euros en este concepto. 

Rebaja en el tipo mínimo del Impuesto de Sociedades

Esta novedad conlleva una mejora para los autónomos, ya que si quieren constituir este año una empresa para el desarrollo de su actividad tendrán que pagar una menor cantidad en el Impuesto de Sociedades, que pasa de un 15 a un 10% en el caso de las empresas de nueva creación

Deducciones por obra de vivienda de mejora energética

Es otra de las novedades de la Campaña de la Renta: se conciben deducciones de entre el 20 y el 60% (con una base máxima de 15.000 euros en el mejor de los casos) dependiendo de la reducción de la demanda de calefacción o refrigeración que se consiga con las obras en la vivienda, que puede ser su vivienda habitual o una para destinar a alquiler. 

Esta deducción será válida cuando se obtenga el certificado energético (en todo caso antes de 2023) y siempre que las obras tuviesen lugar entre el 6 de octubre y el 31 de diciembre de 2021.

FUENTE: elEconomista.es

Las novedades fiscales de 2022 para trabajadores, empresas y autónomos

El impulso de los planes de pensiones de empresa, un tipo mínimo del 15% para las grandes compañías y el estímulo al emprendimiento protagonizan los principales cambios en materia de impuestos de los Presupuestos Generales del Estado para este año

Este año arranca con nuevos propósitos y nuevas reglas en materia fiscal. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han transformado varios aspectos sobre los impuestos a los que las empresas y los autónomos tendrán que hacer frente. A continuación, se detalla de la mano de cuatro expertos cuáles son los principales cambios fiscales de 2022 y qué efectos tendrán.

Impulso a los planes de pensiones de empresa

Con el objetivo de favorecer los planes de pensiones de empresa, el Gobierno ha introducido algunas novedades en los PGE. Por segundo año consecutivo se reducen los beneficios fiscales de los planes de pensiones individuales. Las aportaciones que una persona puede realizar a su plan de pensiones bajan en 500 euros, hasta situarse en 1.500 euros, por lo que se tendrá derecho a una menor deducción —en 2021 ya experimentaron un recorte de 6.500 euros—.

En los de empresa, sin embargo, aumentan. El objetivo es potenciar los planes de pensiones de empleo frente a los individuales, señala Elizabeth Malagelada, socia del Área Fiscal de Cuatrecasas. Esta experta que participará en el webinar Fiscalidad para la empresa: novedades legislativas y jurisprudenciales, organizado a través de HUB Empresa de Banco Sabadell, destaca que serán las compañías las que tengan la llave para abrir la puerta a esos incentivos a partir de ahora. Las aportaciones máximas a los planes de pensiones de empresa con derecho a deducción suben 500 euros, hasta los 8.500 euros.

La cantidad total con beneficios fiscales para un trabajador por cuenta ajena se mantiene en 10.000 euros anuales (1.500 euros por el plan de pensiones individual sumado a 8.500 euros por el de su compañía).

Este nuevo escenario afecta también a los trabajadores autónomos, sometidos al límite de 1.500 euros, pero en su caso no pueden realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo porque no son trabajadores por cuenta ajena. “El límite de 8.500 euros que prevé la norma solo podrían disfrutarlo si ellos mismos promovieran un plan de pensiones de empleo en beneficio propio y de sus empleados —si los tuvieran—, situación que es poco frecuente en España”, señala Malagelada.

Los planes de pensiones de empleo son productos de ahorro privados y están impulsados por las empresas para que los disfruten sus trabajadores. Las compañías que ofrecen a sus empleados este tipo de seguros de ahorro favorecen la retención y la atracción de talento. “Existen en España desde 1987 pero no se han desarrollado tanto como los planes de pensiones individuales”, señala Mireia Marimon, directora de la Asesoría Fiscal Corporativa y Red de Banco Sabadell, que también participará en el webinar. “El Gobierno quiere fomentar este producto de ahorro para la jubilación, y por eso traslada aquí los máximos incentivos fiscales”, añade.

Tipo mínimo del 15% para las grandes empresas

Otra de las novedades fiscales de los PGE es la creación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades para las empresas que facturen más de 20 millones de euros, en línea con lo acordado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para evitar que los países compitan por atraer compañías ofreciendo una tributación cada vez más baja.

La directiva de la OCDE y la medida adoptada por el Gobierno español van en la misma línea, pero no son exactamente iguales, como explica Malagelada. “Mientras que la normativa de la OCDE se aplica a las empresas con ingresos de más de 750 millones anuales, la española afecta a aquellas con un importe neto de negocio de, al menos, 20 millones de euros o que tributen en el régimen de consolidación [un modelo que considera a varias compañías unidas un sujeto único a efectos del impuesto sobre sociedades]. Por tanto, su alcance es mucho mayor”.

Otra diferencia con la directiva de la OCDE es que en España se ofrece la posibilidad de reducir la cuota íntegra mediante bonificaciones y deducciones, con el límite del 15%. “En conclusión, la norma española se aplica a un mayor número de empresas, pero es menos gravosa”, señala la socia del Área Fiscal de Cuatrecasas.

El tipo general del Impuesto Sobre Sociedades en España es del 25%, mientras que el tipo efectivo (lo que realmente pagan las empresas no financieras después de los ajustes y las deducciones) se sitúa de media en el 21,31%, de la base imponible, según los datos de la Agencia Tributaria de 2019. Hay compañías que llevan las deducciones a cotas muy bajas, entre el 12% y el 14%, de acuerdo con el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), y por eso se ha querido establecer un tipo mínimo del 15%. Pero pocas organizaciones llegan a reducir su tipo tanto. El fisco calcula que en España solo 1.070 grandes empresas tributan por debajo del 15% de la base imponible.

Malagelada indica que es probable que, a efectos prácticos, su impacto sea restringido. Partiendo de los datos del Gobierno, este millar de empresas que se verán afectadas aportarán unos 400 millones de euros más al año. Marimon señala que habrá que aguardar un tiempo para valorar esta medida.

Favorecer el emprendimiento con la ley de ‘startups’

En el último año se han adoptado varias disposiciones para favorecer la creación de empresas. Entre ellas cabe destacar las contenidas en la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes. “Es la conocida como ley de startups”, describe Roberta Poza, socia responsable de Fiscalidad Internacional en PwC Tax and Legal. “Esta ley introduce novedades interesantes en materia de IRPF [Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas], como la ampliación del límite máximo de la exención de la retribución en especie”. Hasta ahora, el límite para retribuir a los trabajadores mediante la entrega de acciones de la empresa estaba en 12.000 euros y la nueva norma lo amplía hasta los 50.000 euros.

Se incrementa también la deducción por inversión en compañías de nueva creación, del 30% actual al 50%. “Lo que supone un aumento de la base sobre la cual puede aplicarse la deducción de 60.000 euros a 100.000 euros”, apunta esta experta. Estas y otras medidas, que se aproximan a las de países del entorno, de acuerdo con Poza, pretenden impulsar la creación de startups y atraer y fidelizar el talento. Esta ley fue aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre y se prevé que entre en vigor a mediados de 2022.

Menos impuestos para las nuevas empresas

En esta misma línea, con el objetivo de impulsar la creación de empresas, los PGE también introducen una reducción del 15% al 10% de la tributación mínima exigida en el impuesto sobre sociedades a las organizaciones de nueva creación. Luis Blanco Pascual, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja (UR), se muestra optimista. “Esta medida es una de las más interesantes. El objetivo es parar la destrucción de negocios causada por la situación derivada de la covid-19. Va a tener un impacto positivo tanto en la creación de empresas como en la recaudación fiscal”.

Fuente: https://elpais.com/economia/estar-donde-estes/2022-01-19/las-novedades-fiscales-de-2022-para-trabajadores-empresas-y-autonomos.html

Seguridad Social avisa a los autónomos de las multas por no dar de alta el lugar de trabajo aunque sea su vivienda

Los autónomos que no den de alta su centro de trabajo, tanto si se trata de un local físico como si desarrollan la actividad desde su propia vivienda, están expuestos a sanciones de más de 600 euros.

Dar de alta ante la Administración el centro donde desarrollan su actividad económica es una de las principales obligaciones a las que están sujetos los autónomos. De hecho, tanto si trabajan en un local físico -alquilado o de su propiedad-, como si lo hacen desde sus casas, deben señalar a la autoridad laboral cuál es su centro de trabajo antes de que pasen 30 días desde el inicio de la actividad. En caso de que no lo comuniquen, la Ley General de Seguridad Social prevé sanciones que oscilan entre los 60 y los 625 euros.

Un detalle importante y que tienen que tener muy en cuenta los trabajadores por cuenta propia es que «trabajar desde sus casas, es decir, no tener un local físico como una oficina o un taller donde desarrollar su actividad, no les exime de poner en conocimiento tanto al Ayuntamiento de su ciudad como a la autoridad laboral de su Comunidad Autónoma cuál es su centro de trabajo«, explicó la inspectora Trabajo y presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS), Ana Ercoreca.

La competencia de hacer cumplir este trámite recae sobre las comunidades autónomas, con lo cual, tal y como aseguró la Seguridad Social, los profesionales deberán dirigirse a las consejerías u órganos encargados del área de trabajo de su CCAA.

Indicar el centro de trabajo donde se desarrolla su actividad no es el único trámite que el autónomo debe hacer, ya que esta materia engloba también otra serie de detalles a indicar, como el número de metros cuadrados que tiene la estancia donde trabaja el profesional o a qué se dedica exactamente. Desde Seguridad Social resaltaron que es importante comunicar también las modificaciones o alteraciones que sufra el centro -en caso de que las haya-, y «en el caso de los datos estén incompletos o sean incorrectos, la normativa recoge que el trabajador por cuenta propia tendrá sólo diez días para enviar de nuevo la información correcta que se le haya requerido«.

  • Alta en el Ayuntamiento: el autónomo deberá obtener la Licencia de Apertura en caso de que su actividad necesite un Establecimiento Mercantil, es decir, un local. En cambio, si ejerce en su propia vivienda, únicamente tendrá que comunicarlo, puesto que no abre ningún local. Esta licencia de apertura se solicita al Ayuntamiento donde vaya a ejercer su actividad, donde también deberá solicitar la Licencia de Obra, en caso de que el local requiera de alguna reforma.
  • Alta en la Comunidad Autónoma: será necesario comunicar la apertura, la instalación, el trasladado y/o ampliación del local a la Autoridad Laboral, de la que depende la Consejería de Trabajo o Empleo de la Comunidad Autónoma. Se tendrá que informar sobre el centro de trabajo y la plantilla de la que dispone.

¿Dónde debe dar de alta el autónomo su centro de trabajo?

Toda ubicación o centro que los autónomos necesiten para desarrollar su actividad debe ser debidamente comunicada tanto al Ayuntamiento de su ciudad como a la comunidad autónoma a la que corresponda, salvo en el caso de Ceuta y Melilla, donde se efectúa en el Área de Trabajo e Inmigración. La documentación se presenta actualmente de forma online a través de las páginas web de las distintas consejerías u organismos. 

Pasos que tienen que seguir los trabajadores por cuenta propia para dar de alta un centro de trabajo según lo que exige la ley:

Documentación y datos a aportar 

La normativa de la Seguridad Social prevé tres tipos de datos y documentación distinta que los autónomos deben cumplimentar a la hora de dar de alta su centro de trabajo: los datos del propio negocio en sí, datos del centro de trabajo y datos de la producción o almacenamiento de dicho centro.

Los datos del negocio o la empresa como tal son los siguientes:

  • Nombre o razón social
  • Domicilio, municipio, provincia y código postal
  • Teléfono
  • Dirección de correo electrónico
  • Identificación
  • Documento nacional de identidad o código de identificación fiscal. Si se trata de extranjero, asilado o refugiado, pasaporte o documento sustitutivo.
  • Indicar si la empresa es de nueva creación o ya existente
  • Actividad económica
  • Entidad gestora o colaboradora de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es decir la mutua o Seguridad Social

Datos del centro de trabajo:

  • Dirección exacta en la que se ubica (municipio, provincia, código postal y teléfono)
  • Número de inscripción en la seguridad social
  • Clase de centro y causa que ha motivado la comunicación
  • Fecha exacta de comienzo de la actividad
  • Actividad económica que allí se realiza
  • Número total de trabajadores de la empresa ocupados en el centro de trabajo (distribuidos por sexo y edad)
  • Superficie construida en metros cuadrados
  • Modalidad de la organización preventiva

Datos de producción y almacenamiento del centro de trabajo

  • Potencia instalada
  • Maquinaria que alberga

Más de 600 euros si no se da de alta el lugar de trabajo

El incumplimiento de la obligación de comunicar cuál es el centro de trabajo conlleva sanciones. La Ley General de la Seguridad Social prevé multas para todos aquellos autónomos que no cumplan con este requisito y también para los que no informen de las modificaciones o alteraciones que se produzcan. De hecho según los inspectores de trabajo, esta última suele ser la causa más habitual de sanción.

Como en casi todas las materias, existen dos tipos de infracciones, leves y graves. Las relacionadas con dar de alta el lugar del trabajo suelen tipificarse como leves, aunque cabe recordar que los inspectores pueden calificarla como grave si la actividad es considerada como peligrosa.

  • Infracción leve: la cuantía oscila entre 60 y los 625 euros según sean de grado mínimo, medio o máximo.
  • Infracción grave: la multa asciende desde los 626 a los  6.250 euros según sean de grado mínimo, medio o máximo, si la actividad que desarrolla en autónomo en dicho centro de trabajo tiene calificación de peligrosa, insalubre o nociva por los elementos, procesos o sustancias que se manipulen.


Los Presupuestos del Estado aprobados hoy elevarán la cuota de los autónomos desde el 1 de enero

El Congreso de los Diputados aprobará hoy los Presupuestos Generales del Estado para 2022 donde se recoge un aumento de la cuota de autónomos que entrará en vigor en menos de una semana, el 1 de enero. Además contiene otras novedades para el colectivo.

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2022 tendrá lugar hoy martes 27 de diciembre en la última reunión del año del Congreso de los Diputados. Esta sesión se produce una semana más tarde de lo previsto por el Gobierno, pero aún así, a tiempo para que las nuevas cuentas entren en vigor el 1 de enero. Son varias las novedades que traen consigo estos presupuestos, no obstante, una de las más importantes para los autónomos es la subida de las bases de cotización que el Ejecutivo introdujo en este documento por sorpresa y sin pactarlo -como siempre se ha hecho- con las organizaciones representativas del colectivo.

Esto quiere decir que en menos de una semana se hará efectivo el incremento en la cuota mensual de los trabajadores por cuenta propia. Un aumento que obligará a los profesionales que se encuentren en la base mínima a pagar un total de 291,1 euros al mes, y a los autónomos societarios 374 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2022. No obstante, este sería el impacto al que tendrán que hacer frente sin contar el incremento de los tipos que tendrán que asumir los autónomos (del 30,3% al 30,6%). Ambas subidas harán que realmente la cuota mínima en el 2022 se eleve hasta los 293,94 euros mensuales y la de los societarios hasta los 377,87 euros al mes, lo que supone un incremento de 59,4 y 76,2 euros al año respectivamente. La cuota de la base subirá hasta los 1.266,66 euros.

Además de esta importante novedad, los PGE cuentan con otras medidas fiscales que afectan al colectivo y que también entrarán en vigor el apenas una semana. Entre ellas destaca el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (IS), la nueva limitación de las deducciones de aportaciones a planes de pensiones, la prórroga del sistema de módulos hasta 2023 o el interés de demora fijado para el próximo año. Los expertos del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid las explicaron todas en una jornada organizada por el Madrid Foro Empresarial y Acountax Madrid, y añadieron que, a su juicio los PGE «no son realistas». Según defendieron, ha cambiado el contexto económico y la situación a la que se enfrentarán los negocios en 2022: «el documento presenta un escenario que no es realista, porque hay una evolución que se ha producido durante los últimos meses y que nos llevan a un escenario completamente distinto al inicial y planteado por el Gobierno en los PGE” .

En menos de una semana los autónomos pagarán más cuota

A partir del sábado 1 de enero, la base mínima de cotización de los autónomos pasará de los actuales 944,40 euros a 960,60 euros. Por lo que la cuota mensual que deben abonar los trabajadores por cuenta propia se incrementará de una mínima de 288,99 euros a 293,94 euros. Un aumento de 4,96 euros más al mes que con la actual. En total, la subida para al autónomo al año sería de 54,49 euros.

En cuanto a los que están en bases máximas el incremento pasa de los 4.070,10 euros en 2021 a los 4.139,40 euros en 2022. La cuota máxima también variará hasta los 1.266,66 euros al mes, 21,21 euros más con respecto a la actual de 1.223,24 euros/mes. En total, los profesionales que cotizan en bases máximas pagaría 254,47 euros más al año.

Por su parte, los autónomos societarios también experimentarán un aumento de sus cuotas. Concretamente pasarán de pagar 371,5 euros mensuales a 377,87 euros más mes. Ello significa que su cotización subirá en 76,23 euros al año.

Las organizaciones representativas del colectivo esperaban que las bases de cotización se mantuvieran tal y como están, ya que la situación de los autónomos no ha mejorado lo suficiente y muchos sectores aún se encuentran en una situación crítica. Además de que no fueron llamados a la mesa de diálogo social para su correspondiente negociación. Pese a todo, tanto ellos como los profesionales por cuenta propia se han encontrado la subida directamente en el texto de los Presupuestos Generales del Estado para el 2022.

Fuente: https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/presupuestos-estado-aprobados-hoy-elevaran-cuota-autonomos-1-enero/20211227133239025757.html

Estas son las ventajas de hacer una Declaración Responsable de autónomo

Los autónomos conviven día a día con los trámites, con la presentación de documentos, con las solicitudes de ayudas. Unas trabas que restan horas y horas de trabajo, además de la carga administrativa que supone para la Administración. No obstante, existe un documento que permite agilizar todos estos procesos.

El colectivo puede recurrir a la llamada Declaración Responsable. Se trata de un texto en el que el profesional asegura que cumple todas las condiciones para acceder a ayudas y prestaciones, dada la imposibilidad de las distintas administraciones de confirmar todas y cada una de las solicitudes.

Además, los nuevos autónomos tienen la posibilidad de solicitar la licencia de apertura de una nueva actividad o reforma mediante el procedimiento de Declaración Responsable.

¿En qué consiste la Declaración Responsable?

Cabe destacar que la Declaración Responsable permite ejercer la actividad, aunque todavía no haya pasado por la supervisión de la Administración. No obstante, esto ocurrirá bajo la propia responsabilidad del autónomo. Para ello, tendrán que comunicar la fecha del inicio de actividad o, en el caso de implicar la realización de obras, la fecha de su finalización.

Este documento tendrá que ir acompañado del proyecto de un técnico competente, además del justificante de pago de tasas. Sin embargo, también se puede añadir un informe de adecuación a la normativa aplicable del local y de la actividad que se pretende desarrollar.

Una vez que el autónomo firma este documento, se compromete a que todo lo que se informa es verídico, bajo su única y exclusiva responsabilidad; es decir, que la Administración no tendrá que llevar a cabo todas las comprobaciones.

No obstante, las inspecciones correspondientes acabarán haciendo un examen al negocio para corroborar que todo lo prometido es cierto, por lo que de nada servirá mentir en la declaración.

De ser así, el autónomo estará expuesto a sanciones; y tendrá que responder ante ellas con su propio patrimonio. Como mínimo el autónomo tendrá que devolver los importes que ha percibido de las prestaciones y no podrá volver a acceder a estas ayudas.

Fuente: https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11528482/12/21/Estas-son-las-ventajas-de-hacer-una-Declaracion-Responsable-de-autonomo.html