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• Según ATA, con esta propuesta se cumpliría el Acuerdo de Pensiones de 2021
• Lorenzo Amor ha escrito en su Twitter que esperan respuesta de Sánchez
• La mitad de los autónomos tienen ingresos netos por debajo del SMI

La semana pasada, se filtró un preacuerdo entre el Gobierno y las asociaciones Uatae y Upta, vinculadas a los sindicatos CCOO y UGT respectivamente, dejando fuera de las negociaciones a ATA, vinculada CEOE. En la mañana de hoy la asociación presidida por Lorenzo Amor, ha publicado un comunicado conjunto con la patronal y Cepyme en el que envía al Gobierno una propuesta para la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), en la que plantean que la cuota de autónomos se mueva entre 205 y 400 euros al mes hasta 2025.PUBLICIDAD.

En este comunicado, ATA ha confirmado las filtraciones que les dejaban fuera de estas negociaciones, apuntando que la última propuesta a la que han tenido acceso «fue la que se nos presentó en la reunión del pasado día 28 de febrero», dice el comunicado.

De todas formas, ATA quiere volver a sentarse a la mesa de negociación y en estos días de Semana Santa ha preparado su propia propuesta, que ya está en manos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y en el que plantean una cuota de entre 205 y 400 euros al mes, en función de los rendimientos netos y del año de aplicación.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Seguridad Social declaran que se han mantenido contactos con todas las partes después de la última reunión oficial de la mesa a finales de febrero, incluido el bloque CEOE-Cepyme-ATA, aunque sin especificar si se han producido conversaciones en solitario con la asociación que dirige Lorenzo Amor. Estas fuentes recuerdan que ATA no ha querido participar.

En este sentido, la presentación de una propuesta conjunta CEOE-Cepyme-ATA ha sido bien recibida en el ministerio que dirige José Luis Escrivá. El ministro decidió aparcar los encuentros oficiales dado que las diferencias de posiciones entre las tres organizaciones (ATA, Upta y Uatae) estaban agrandándose. Y optaron por tantear de forma individual a las partes y solicitarles sus propuestas. CEOE-Cepyme-ATA anunciaron hoy que habían remitido la suya la Seguridad Social.

Respecto a una supuesta propuesta presentada por el Ministerio de Seguridad Social a los negociadores, fuentes oficiales del departamento de Escrivá niegan que se haya entregado tal propuesta de forma oficial, pues no se ha producido una nueva reunión desde febrero. Nada explican de una remisión oficiosa.

Propuesta de CEOE-ATA-Cepyme

La propuesta de ATA establece, para 12 tramos de ingresos, las bases de cotización y las cuotas a aplicar de forma progresiva en los próximos tres años, a partir de 2023 hasta 2025, año en el que se revisaría el acuerdo. 

Las asociaciones empresariales aclaran en su comunicado que la propuesta considera como ingresos reales aquellos «rendimientos netos (ingresos menos gastos) más cuotas a la Seguridad Social menos el porcentaje de gastos», que se acordará en función de la tipología de autónomos.

Del mismo modo, esta propuesta mantiene «prácticamente» la enviada por el Gobierno el 28 de febrero, hasta unos ingresos de 1.300 euros y exceptuando que las bases del tercer tramo (de 900 euros al SMI) y del cuarto tramo (del SMI a 1300 euros) que se incrementan a 960,6 y 1.150 euros respectivamente.

Se respeta también la propuesta de que los autónomos societarios, religiosos y los familiares colaboradores, sin rendimientos, «con pérdidas o ingresos inferiores al SMI, se sitúen en el tercer tramo y abonen una cuota de 264,55 euros», lo que supone una rebaja sobre la cuota actual correspondiente a la base de cotización en vigor.

Otra modificación con respecto a la propuesta del Gobierno es que a los autónomos cuyos ingresos estén por encima del SMI hasta los 1.500 euros, para los que se fija una base de cotización de 1.150 euros, no verían incrementada la cuota en los próximos tres años. 

A partir de la cifra de los 1.500 euros, la base por tramo se va incrementando de 150 en 150 euros, desde una base de 1.150 euros hasta una base de 2.050 euros para los autónomos con ingresos por encima de 3.620 euros. Las cuotas correspondientes se incrementan en 0,7% anual cada año para el tramo de 1.500 euros y, a partir de ese tramo, se incrementan desde un 2% cada año hasta un 12% para el tramo más alto que pagará 400 euros de cuota en 2025.

Todo ello con la condición de que «el autónomo pueda modificar su base de cotización hasta seis veces al año, se destope la base para los mayores de 47 años y se entienda que dicho sistema es de bases, quiere decir que el autónomo podrá elegir libremente cotizar por una base superior a la que le corresponde con la única limitación de la base de cotización máxima existente», han aclarado.

Para ATA, esta propuesta está enmarcada en los términos establecidos en el último acuerdo de julio de 2021 con los agentes sociales y organizaciones de autónomos, y se ha elaborado «teniendo en cuenta el contexto de incertidumbre económica actual y el impacto de la subida generalizada de los costes y precios que afectan y dificultan la actividad de los autónomos. Muchos de ellos, aún lejos de haberse recuperado de las consecuencias de la pandemia en nuestro país».

Compromiso con Bruselas

A pesar del malestar de ATA por no haber participado en las negociaciones, vuelven a la mesa con el fin de cumplir con lo prometido con Bruselas y el acuerdo de Pensiones de 2021. «Esperamos respuesta», ha escrito Lorenzo Amor en su Twitter en referencia una contestación por parte del Gobierno.

Para las asociaciones empresariales, esta propuesta «se cumple tanto con los objetivos que nos dimos en julio como con los compromisos adquiridos con Bruselas en el Plan de Resiliencia, y que, dada la situación actual, es la única que plantea una reforma asumible para los autónomos sin menoscabar su protección social, la sostenibilidad del sistema y la propia sostenibilidad financiera del colectivo y, por tanto, su capacidad de seguir creando riqueza y empleo».

Reacciones a la propuesta de ATA

Desde la organización Upta, su presidente Eduardo Abad felicita a la patronal de los autónomos ATA-CEOE por elaborar una propuesta «después de 7 meses de negociación». En opinión de Abad, la propuesta de ATA implica que desde esa «patronal» reconocen que el actual sistema de cotizaciones de los autónomos está obsoleto. Por tanto, «es un paso adelante muy importante», señala el presidente de Upta. Esta organización pide ajustar los números actuales del Reta a la realidad de las cotizaciones.

Por su parte, la presidenta de Uatae, María José Landaburu, dijo «seguir expectantes a cómo avance la negociación e insistimos en que cualquier reforma debe contemplar una cuota más reducida para tramos inferiores e intermedios, un esfuerzo mayor de los tramos más altos y medidas claras de mejora de la protección social (una reforma integral de la prestación de cese actividad para hacerla más accesible, subsidios similares a los de trabajadores asalariados -mayores de 45 y 52 años). La propuesta conocida hoy de CEOE, CEPYME y ATA no contempla nada de esto».

Uatae estima que la propuesta de CEOE, CEPYME y ATA supone una recaudación de 9.729 millones de euros frente a los 14.000 de su propuesta que «asegura la mejora de la protección de todo el colectivo y la sostenibilidad del sistema».

Fuente: https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11725952/04/22/CEOE-Cepyme-y-ATA-proponen-al-Gobierno-que-la-cuota-vaya-desde-los-205-a-los-400-euros-hasta-2025.html

La Agencia Tributaria ha publicado en el BOE las novedades para los autónomos en la declaración de la Renta y en el Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio de 2021. 

Hacienda ha aprobado recientemente las novedades que traerá consigo la campaña de la declaración de la Renta de 2022, correspondiente a los ingresos obtenidos en el ejercicio 2021. A falta de dos semanas para que se abra el plazo de presentación, la Agencia Tributaria ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tanto los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), como los del Impuesto sobre el Patrimonio. Ambos acompañados de novedades para los autónomos.

El próximo 6 de abril se abrirá el plazo para que los trabajadores por cuenta propia empiecen a presentar los impuestos del año pasado. Se trata de uno de los periodos clave dentro de su calendario fiscal, dado que es la temporada donde más modelos deben presentar ante la Agencia Tributaria. La campaña de este año 2022 llegará a su fin el 30 de junio.

Según fuentes oficiales de la Administración, la mayoría de las modificaciones buscan «reducir las cargas fiscales indirectas, mejorar la asistencia al contribuyente, limitar, en la medida de lo posible, los requerimientos a los contribuyentes y, en último término, lograr una Administración tributaria más eficiente».

Modelos aprobados de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio

El artículo 3 de la orden emitida por el Ministerio de Hacienda y Función Pública (HFP/207/2022) recoge la aprobación del modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los documentos de ingreso o devolución, consistentes en:

• Modelo D-100: declaración del IRPF

1. Modelo 100: documento de ingreso o devolución de la declaración del IRPF que consta de dos ejemplares, un documento de ingreso o devolución -ejemplar para el contribuyente-, y un documento de ingreso -ejemplar para la entidad colaboradora-, en su caso, para efectuar el ingreso en dicha entidad.
2. Modelo 102: documento de ingreso del segundo plazo de la declaración del IRPF que consta de dos ejemplares, uno para el contribuyente y otro para la entidad colaboradora. El número de justificante que habrá de figurar en este documento, será un número secuencial cuyos tres primeros dígitos se corresponderán con el código 102.

¿Cuáles son las novedades del IRPF en 2022?

Rendimientos de capital inmobiliario

La novedad en cuento a la presentación de los rendimientos de capital inmobiliario es la introducción de una casilla para los arrendadores que no sean ‘grandes tenedores’.Este nuevo apartado les permite consignar como gasto deducible la cuantía de la rebaja en la renta arrendaticia, es decir, el acuerdo que ambas partes alcanzaron para reducir el coste del alquiler durante la pandemia. El BOE especifica que esta novedad afecta a aquellos profesionales que ‘voluntariamente hubieran acordado, a partir de 14 de marzo de 2020, una rebaja correspondiente a las mensualidades devengadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Siempre y cuando se trate de alquileres de locales a determinados empresarios y siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la norma’.

Tal y como establece el Real Decreto-ley 35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio en materia tributaria, el arrendador deberá informar separadamente en su declaración del importe de este gasto deducible y el número de identificación fiscal del arrendatario cuya renta se hubiese rebajado.

Subvenciones y ayudas públicas

A partir de ahora las subvenciones y ayudas públicas podrán consignarse en la declaración de IRPF en cuatro plazos, es decir, en el período impositivo en el que se obtengan y en los 3 siguientes. Un ejemplo que recoge la orden ministerial de las ayudas que pueden fraccionarse son:00:01 / 01:16

• Ayudas públicas percibidas como compensación por los defectos estructurales de construcción de la vivienda habitual
• Ayudas incluidas en el ámbito de los planes estatales para el acceso por primera vez a la vivienda en propiedad
• Ayudas públicas a los titulares de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español
• Ayudas públicas para la primera instalación de jóvenes agricultores

Además, el Servicio de tramitación del borrador de IRPF informará de las cantidades pendientes de imputar en los próximos periodos impositivos. De esta forma, en los ejercicios siguientes se informará al autónomo en el apartado de sus datos fiscales de las ganancias pendientes de imputar.

Deducciones por incentivos en actividades económicas

En lo referente a las deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades económicas, el BOE recoge la posibilidad de que los contribuyentes del IRPF que realicen una actividad económica, puedan aplicar, desde 1 de enero de 2021, las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas españolas de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y por producción de determinados espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. 

Esta posibilidad se abre para los profesionales que, o bien sean productores o bien aporten cantidades en concepto de financiación, para sufragar la totalidad o parte de los costes de la producción sin adquirir derechos de propiedad intelectual. Para facilitar la aplicación de esta deducción, se han creado nuevas casillas en las que el contribuyente inversor debe identificar al productor de la obra.

Tres nuevas deducciones relacionadas con la eficiencia energética

En uno de los anexos del documento aparecen las tres nuevas deducciones temporales estatales del Impuesto. Todas son aplicables sobre cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda o el local habitual o arrendado.

1. La primera deducción es por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de la vivienda o local habitual o arrendado, que permite una deducción de hasta un 20% de las  cantidades satisfechas por las obras realizadas desde el 18 marzo y hasta el 31 de diciembre de 2022, con una base máxima de deducción de 5.000 euros anuales. Como requisito, las obras realizadas deben suponer una reducción de al menos un 7% en la demanda de calefacción y refrigeración.
2. La segunda deducción, en la misma línea que la primera, permite una deducción de hasta un 40% de las cantidades satisfechas por este tipo de obras de hasta un máximo de 7.500 euros anuales, siempre que las obras realizadas contribuyan a una reducción de al menos un 30% del consumo de energía primaria no renovable.
3. La tercera deducción es por obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética en edificios de uso predominante residencial. El requisito es obtener una reducción del consumo de energía primaria no renovable de un 30% como mínimo. En esta tercera deducción, el contribuyente titular de la vivienda podrá deducirse hasta un 60% de las cantidades satisfechas, hasta un máximo de 5.000 euros anuales.

El límite de los autónomos para no declarar

​Como cada año, una de las preguntas que surge entre los contribuyentes es si están o no obligados a presentar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Si bien esta cuestión parece estar muy clara para los trabajadores asalariados, entre los trabajadores por cuenta propia sigue generando cierta incertidumbre. Es por ello que la propia Agencia Tributaria ha querido resolver esta duda ‘estrella’ tan importante para el colectivo, puesto que si un autónomo obligado a hacer la declaración no la lleva a cabo se enfrentar a cuantiosas sanciones.

La AEAT puntualiza que los profesionales estarán obligados a declarar si han tenido «rendimientos íntegros del trabajo, del capital (mobiliario o inmobiliario) o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, sometidos o no a retención, en su conjunto superiores a 1.000 euros y pérdidas patrimoniales, de cuantía igual o superior a 500 euros«. Es decir, como los autónomos, declaran sus rendimientos por actividades económicas, en la práctica, casi cualquier autónomo que haya obtenido un mínimo beneficio durante el año previo tendría que declarar, ya que el límite para no declarar está en 1.000 euros. Y es que prácticamente cualquier actividad -a no ser que esté empezando y tenga pérdidas, o esté atravesando una situación muy complicada- superaría esos 1.000 euros de rendimientos. Esto, sin embargo, sólo significa que habría que presentar la RENTA, pero en ningún caso quiere decir que la liquidación vaya a salir a pagar.

Asimismo, la Agencia Tributaria también especifica en su página web que «en todo caso están obligados a presentar la declaración de Renta, aquellos contribuyentes que tuvieran derecho a aplicar: el régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual, la deducción por doble imposición internacional y la deducción por cuenta ahorro-empresa«.

ATA ha pedido al Gobierno la puesta en marcha de ocho medidas urgentes para paliar la escalada «incontrolada de los precios que afecta a más de 1,1 millones de autónomos». Entre ellas está volver a recuperar el cese de actividad por caída de ingresos que hubo durante la pandemia.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha exigido al Gobierno la puesta en marcha de ayudas urgentes para los autónomos que se están viendo afectados por la «escalada incontrolada de los precios», de la energía, del carburante o de materias primas primas como los cereales y los fertilizantes.  

La propuesta que acaba de trasladar la federación, no sólo pasaría por la bajada fiscal prometida por el Gobierno, sino también por ampliar la moratoria de los créditos ICO, activar el mecanismo RED por causas cíclicas para que todos los autónomos puedan seguir accediendo a un ERTE o rescatar las conocidas prestaciones extraordinarias por cese de actividad para cubrir a los trabajadores por cuenta propia con grandes caídas de ingresos a causa de las subidas de precios, como se ha hecho a lo largo de la pandemia. 

Las subidas experimentadas en estos productos han disparado los costes de producción y prestación de servicios de miles de autónomos como los taxistas, camioneros, agentes comerciales, o furgoneteros  que ven cómo el gasto principal de su actividad se come prácticamente la totalidad de sus ingresos. También los agricultores, ganaderos, pescadores y demás autónomos del sector primario que no sólo ven subir sus costes por el precio desorbitado del carburante, sino también por el aumento que están sufriendo prácticamente todas las materias primas que necesitan para desarrollar su actividad. 

De hecho, según ATA, serían más de 1,1 millones de autónomos, es decir, uno de cada tres trabajadores por cuenta propia, los que están ahora mismo sufriendo en sus actividades estos incrementos, y en muchos casos «teniendo más costes de producción que beneficio cuando venden un servicio o un producto». La federación pide ocho medidas urgentes para cubrir a todos estos trabajadores por cuenta propia que necesitan protección de «forma inmediata», ya que el día 29, que es cuando presentará el Gobierno su plan de acción donde se prevén revisiones a la baja en algunos impuestos, «las pérdidas podrían ser ya irreparables».  

La medidas «urgentes» que exige ATA  para cubrir a los autónomos afectados por las subidas de costes

Además de la reactivación de la prestación extraordinaria por cese de actividad, y la clarificación del concepto de fuerza mayor en el paro de los autónomos, ATA también solicitó al Gobierno que ponga en marcha otras siete medidas urgentes:

• Ampliar las moratorias para devolución de los créditos ICO concedidos en 2020 y 2021. La gran parte de los sectores y autónomos que los solicitaron por la pandemia y que deben comenzar en abril con las devoluciones son los mismos a los que ahora les ahoga la subida de los precios.
•  Aplazar hasta 2025 cualquier reforma del sistema de cotización de autónomos. Suspender hasta al menos 2025 la aplicación de la subida de cotizaciones aprobada como Mecanismo de Equidad Intergeneracional y prevista para 2023.
• Suspender cualquier subida de impuestos y cotizaciones hasta que recuperemos el PIB anterior a la pandemia y se estabilice la situación económica europea y nacional. Al contrario, se deberían reducir los impuestos que gravan los hidrocarburos de manera inmediata.
• Aplicar mecanismos fiscales para reducir los costes energéticos.
•  Ayudas especiales para los sectores afectados por la subida de los carburantes, como son, por ejemplo: taxi, pesca, movimiento de tierras, agentes comerciales o ganaderos.
• Ayudas especiales para los sectores y autónomos afectados por los incrementos de precios de fertilizantes y cereales. 
• Impulsar el mecanismo RED para los ERTE tanto para empresas como para autónomos afectados por la crisis de precios y de falta de materias primas. 
•  Reinvertir las ayudas directas no ejecutadas (casi 3.000 millones) en un paquete de nuevas ayudas al tejido empresarial.

egún el presidente de ATA, Lorenzo Amor, estas medidas se deberían poner en marcha antes del día 29, «a poder ser mañana mismo. Causa estupor ver cómo otros países de nuestro entorno bajan precios de la luz y el carburante a sus autónomos y empresas y el Gobierno español sigue viéndolas venir. Hay que pasar a la acción, ayer lo dijo la gente del campo y el mundo rural, los transportistas se están manifestando por los problemas que tienen para realizar la actividad, también la pesca pone el grito ante el incremento de los precios de los carburantes. Hay que tomar medidas lo más temprano posible España y los autónomos lo necesitan».

ATA pide reactivar una prestación por cese de actividad para autónomos con caídas de facturación

Una de las medidas que más destaca en este paquete de ayudas que solicita la federación es la reactivación de una prestación extraordinaria para autónomos con grandes caídas de facturación. Cabe recordar que, desde el pasado mes de febrero, cuando todavía no habían empezado a subir los precios a raíz de la guerra, Seguridad Social decidió eliminar la mayor parte de las prestaciones por cese de actividad extraordinario, de tal manera que sólo quedaron activos el cese para autónomos afectados por la erupción de La Palma y el cese por cierre decretado de una Administración.

Si bien es cierto que, a día de hoy, hay más de 100.000 autónomos acogidos a una ayuda que consiste en exoneraciones decrecientes en la cuota por haberse beneficiado hasta febrero del cese de actividad, aquellos que necesiten una prestación sólo tienen dos opciones: haber sufrido las consecuencias de la erupción del volcán, o haber sufrido el cierre por decreto de su Administración, cuestión ésta última que por el momento todavía no sucede en ninguna Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, desde ATA solicitan «una ayuda extraordinaria de cese de actividad de forma urgente para los autónomos cuya actividad haya caído un 50%». Aunque todavía no se ha precisado exactamente cuáles serían los requisitos para poder acceder a esta nueva prestación, previsiblemente, la intención de la federación es que se articule de manera similar a las antiguas prestaciones como la POECATA o la ayuda por bajos ingresos que ha habido en estos dos últimos años, en las que el autónomo tenía que acreditar haber sufrido una caída de facturación de más del 50% -o el 75%, dependiendo de la convocatoria- respecto al semestre anterior, y tener menos de unos determinados rendimientos netos en los siguientes meses.

La posible puesta en marcha de esta prestación extraordinaria permitiría a los autónomos afectados por la subidas de los precios, como los agricultores y ganaderos, transportistas, taxistas, agentes comerciales y hasta trabajadores por cuenta propia relacionados con el turismo, la hostelería o el comercio, que están viendo disminuir sus beneficios a causa de la actual situación económica, poder acreditar una caída de ingresos a causa de los costes y cobrar una prestación de alrededor 660 euros, así como estar exentos de pagar su cuota.

ATA solicita que se clarifique el concepto de fuerza mayor para acceder al ‘paro’ de los autónomos

Así mismo, en esta misma propuesta, ATA también aprovechó para pedir una redacción más detallada que clarifique «las causas de fuerza mayor de la prestación por cese de actividad -la ordinaria-«. Es decir, la federación pide que se precise cómo y en qué circunstancias se puede acceder al paro de los autónomos, bajo el supuesto de fuerza mayor.

Cabe recordar, como ya avanzó este diario, que el Gobierno introdujo a través del Real Decreto-Ley 21/2021, que prorroga algunas medidas de protección para personas en situación de vulnerabilidad, una modificación en la Ley General de la Seguridad Social para que todos los trabajadores por cuenta propia afectados por circunstancias de fuerza mayor puedan acceder directamente al cese de actividad ordinario, más conocido como el paro de los autónomos. 

Este decreto introducía algunas mejoras en la prestación extraordinaria para los autónomos afectados por la erupción del volcán en La Palma y añadió también un nuevo supuesto para que, a partir de ahora, los autónomos pudieran acceder al cese ordinario, es decir al paro, sin tener que acreditar que su negocio no es viable, como sucedería en el caso del cese de actividad por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción.

Así, se añadió un nuevo motivo por el que los trabajadores por cuenta propia podrán cobrar la prestación: si sufren y acreditan una situación de fuerza mayor ya sea de forma temporal -sin darse de baja en el Régimen- o definitiva.  

Desde el pasado 28 de octubre, la disposición final primera del Real Decreto Ley 21/2021, introduce una modificación en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y se añade un nuevo supuesto en el artículo 337.1 de la Ley General de la Seguridad Social:

La fuerza mayor determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional se acreditará mediante documentación que acredite la existencia de la misma y la imposibilidad del ejercicio de la actividad ya sea de forma temporal o definitiva. Si el cese es definitivo deberá aportar la solicitud de baja en el censo tributario de Empresarios, Profesionales y Retenedores y la baja en el régimen especial de la Seguridad Social en el que estuviera encuadrado el solicitante. En el caso de que la actividad requiriera el otorgamiento de autorizaciones o licencias administrativas, se acompañará la comunicación de solicitud de baja correspondiente y, en su caso, la concesión de la misma, o bien el acuerdo de su retirada.

El problema, según José Carlos Piñero, director del área jurídica de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), «es que quedó pendiente clarificar en qué supuestos exactamente concurre esta fuerza mayor, y sobre todo, cuál es esa documentación que acredita la existencia de la misma». 

Para el director de ATA, éste sería un buen momento para detallar exactamente cómo y cuándo puede acceder un autónomo a esa fuerza mayor, que se amplíe el concepto y que se integre dentro de la norma de Seguridad Social este supuesto que, como se está pudiendo observar en los últimos meses, no sólo se da por catástrofes naturales, sino por cualquier suceso imprevisible y fuera del alcance del autónomo, como puede ser la invasión de Ucrania y sus consecuencias en nuestra economía.

Fuente: https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/ata-pide-gobierno-medidas-urgentes-autonomos-que-reactive-cese-extraordinario/20220321105054026353.html

• El trabajador podrá desgravar en el IRPF sus aportaciones al plan
• Las contribuciones del empresario se deducen de la base de cotización
• No se incluyen aspectos de obligatoriedad para el ahorro en la nueva ley

El Consejo de Ministros dio luz verde definitivamente al proyecto de ley para la articulación del fondo público de pensiones con el que se pretende dar un impulso definitivo al ahorro complementario para la jubilación, una de las tareas pendientes de España si elevamos la comparación al resto de países del entorno comunitario y, más allá, se trata de una demanda de Bruselas de cara a la reforma del sistema público de pensiones.

En concreto, el proyecto de ley ha incorporado incentivos fiscales para impulsar los planes de pensiones colectivos, en línea con la recomendación 16ª del Pacto de Toledo y con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Hay que recordar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se continúa el proceso de diferenciación de la fiscalidad entre planes individuales y colectivos, estableciendo un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros y de 10.500 euros, respectivamente. Eso sí, el texto no incluye definitivamente una de las demandas del sector privado, que ha trasladado al Ejecutivo hasta el último momento previo a la aprobación y que era una condición para sostener un apoyo público a la medida: la desgravación fiscal en el impuesto de Sociedades.

Se espera, según el calendario comprometido con la Comisión, que estos fondos de promoción pública estén activos para la segunda mitad de 2022. De ello dependerá que nuestro país reciba el tramo correspondiente al segundo semestre de este año procedente de los fondos Next Generation, por valor de 6.000 millones de euros.

¿Para quienes va destinado el instrumento de ahorro?

El objetivo del Gobierno es alcanzar y agrupar en estos planes de pensiones de empleo a cerca de 10 millones de trabajadores en nuestro país y quintuplicar la base de dinero depositada en estos instrumentos por parte de los trabajadores, hasta alcanzar los 300.000 millones de euros. Principalmente, son objeto de esta reforma los tres millones de trabajadores autónomos de nuestro país, los cerca de tres millones de trabajadores que se encuentran empleados en alguno de los niveles de la administración pública (según los últimos datos EPA) y los trabajadores de pymes que no tienen acceso a estos planes de ahorro, muy concentrados en las grandes corporaciones.

¿Deberán, obligatoriamente, ahorrar todos los empleados españoles tras la reforma?

La ley aprobada para el impulso de los planes de empleo no recoge ningún elemento nítido y claro de obligatoriedad sobre el uso de los instrumentos de ahorro. En Reino Unido, se incorporó para el fomento de estos planes el denominado autoenrollment, que se trata de un aspecto de automatización por el cual cada trabajador que se incorpora a una compañía comienza a aportar por defecto a este plan de jubilación. Y es el mismo empleado quien debe trasladar de forma expresa su deseo de salir del plan que tenga la empresa abierto para sus trabajadores. En el caso de España tan solo se añade un punto en que se fija el deber de negociar (pero no de pactar) la previsión complementaria en los procesos de negociación colectiva sectorial de las empresas. Más allá, este punto, al colgar de la ley reguladora de fondos y planes de pensiones, carece de obligatoriedad legal, y según apuntan los expertos consultados por eE se podría tener que replicar en el Estatuto de los trabajadores si se quiere imponer como un deber de cara a futuras negociaciones.

¿Y si mi empresa decide abrir un plan simplificado para sus trabajadores?

En primer lugar, los trabajadores tendrán la opción de aceptar o rechazar el plan de ahorro, tal y como sucede con los actuales fondos ya regulados por ley y promovidos desde el sector privado. Ahora bien, estos planes serán abiertos a futuro por una decisión acordada en negociación colectiva por parte de los empresarios y de los sindicatos, y en los que también habrá representación designada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por lo que se presentará con condiciones aceptadas por todas las partes.

¿Cómo serán mis aportaciones? ¿Cuánto dinero destinaré?

En el caso de que el trabajador decida incorporarse al nuevo sistema de ahorro, comenzará a destinar dinero de su nómina para el fondo de pensiones. De la negociación colectiva saldrá un acuerdo sobre el porcentaje de la nómina que se destina al plan (en Reino Unido esta aportación que sí es obligatoria alcanza el 8% del sueldo) y también se decidirá si la empresa realiza aportaciones complementarias a este fondo, para acompañar las realizadas por el empleado. De este modo, al plan del trabajador se destinaría cada mes la cuantía propia y la aportada por el empleador. Desde el sector privado, se demanda en este punto que también el Estado pueda incorporarse a estas aportaciones. En Reino Unido, un 3% de estas contribuciones corre a cargo del empresario empleador, un 4% a cargo del empleado, y un 1% de aportación a cargo del Estado.

¿Qué beneficios tengo al aportar al fondo público de pensiones?

En primer lugar, el trabajador que comienza a aportar al fondo público de pensiones estará generando ahorro complementario para la prestación pública que le otorgará la Seguridad Social al abandonar el mercado laboral. En segundo lugar, tanto el empleado como el empresario podrán disfrutar de incentivos si aportan al plan de ahorro. Cabe recordar, que el Gobierno podría introducir a futuro medidas sobre el sistema público que provoquen una merma de las cuantías iniciales de la pensión de jubilación. Sin ir más lejos, la ampliación de 25 años a 35 años del periodo cotizado para el cálculo de la base reguladora.

¿Qué incentivos fiscales hay por aportar al plan de ahorro?

En el punto de los incentivos fiscales que se darán por aportar al plan de empleo, se puede dividir la oferta en tres partes, en función de los diferentes destinatarios. Por un lado, el trabajador podrá desgravarse hasta 1.500 euros anuales por aportar a estos planes, siempre y cuando sea el único que contribuya al fondo. Si el empresario complementa estas aportaciones, la cantidad a desgravar podrá alcanzar 8.500 euros más. Además, se encuentran los incentivos para el empleador que se han sustanciado en el texto aprobado -son los únicos que se fijan en el anteproyecto de ley, los límites exentos para las aportaciones se concretaron en los Presupuestos Generales del Estado de 2022- que suponen una desgravación en la cuota a la Seguridad Social de hasta 301 euros anuales por trabajador. En el último borrador no se incluyeron incentivos para el impuesto de Sociedades que reclamaba el sector privado como un gesto de acercamiento a la medida. Cabe recordar que hasta 2013, las aportaciones del empleador también se reducía en hasta el 10% del tributo por Sociedades.